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agosto 15, 2018

Denuncian estrategia gubernamental en México para compra de votos


México, 25 mayo, 2018 (Tomado de Prensa Latina).- El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto implementa una estrategia electoral basada en la compra de votos y el uso de programas sociales con tal propósito, denunció hoy el colectivo Acción Ciudadana contra la Pobreza.

De acuerdo con la organización, en el primer trimestre del año el gobierno aumentó 71.2 por ciento el presupuesto asignado a las delegaciones estatales de nueve dependencias, entre ellas las secretarías de Desarrollo Social(Sedesol), Agricultura y Desarrollo Agrario.

Además añadió cinco mil 251 millones de pesos al gasto del programa Prospera (36.6 por ciento), sin incrementar el padrón de beneficiarios, además de otorgar mil 481 por ciento de fondos extras al Programa de Empleo Temporal.

La administración federal, sostuvo, desembolsó 38 por ciento más para la partida ‘materiales y suministros’ -‘que pueden regalarse a cambio de votos’- e infló en 48 por ciento el gasto en comunicación, ambos con alta discrecionalidad, dijo la agrupación.

De manera paralela, el gobierno federal recortó en 81 por ciento el presupuesto asignado a la observación electoral, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor del oficialista Partido Revolucionario Institucional para mantener en la opacidad la operación de los programas sociales o permitir la entrega de tarjetas, un método que empleó Peña Nieto en su campaña de 2012.

El exfiscal electoral Santiago Nieto (quien fue despedido hace unos meses), recordó que en los estados con mayor pobreza, como Chiapas o Oaxaca, hasta 60 por ciento de la población es beneficiaria de Prospera, por lo que los vocales del programa pueden influir en los comicios, al menos en los locales.

‘El problema está en las casillas rurales y las zonas suburbanas, donde la decisión de comer o no comer puede incidir para una familia en vender su voto. No puede haber normalidad democrática en un país donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y donde se practica la compra de voto y el acondicionamiento de programas sociales’, añadió.

Además, el colectivo observó que el gobierno federal dejó que se generara una grave inestabilidad institucional en los meses anteriores a las elecciones.

Por ejemplo, actualmente no hay fiscal general, ni fiscal anticorrupción y tampoco magistrados encargados de castigar los actos de corrupción.

Durante largos periodos la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Auditoría Superior de la Federación estuvieron descabezadas y, según el colectivo, tanto los Ã’rganos Internos de Control de la Sedesol, como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información están ‘capturados’, concluyó.

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