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junio 23, 2018

Pruebas del INE podrían tumbar la candidatura presidencial del Bronco


CDMX a 11 de Mayo de 2018.- El día de hoy Samuel García presentó la respuesta del INE sobre la investigación por las denuncias presentadas en febrero, en donde señalaron la participación de funcionarios públicos en la recolección de 19,401 firmas para Jaime Rodríguez Calderón en día y hora laboral.

Hay dos procesos en curso en etapa de alegatos y audiencia en el INE en contra del Bronco. Uno por uso indebido de recursos públicos y funcionarios para la obtención de credenciales y el segundo por uso de credenciales falsas, simulación y compra de votos.

De resultar responsable, el bronco perdería su registro como candidato presidencial y en caso de ser vinculado a proceso por algún delito penal por la FEPADE, no podrá regresar a ocupar el puesto de gobernador del estado de Nuevo León. Por lo que existe la posibilidad de llamar a elecciones extraordinarias.

“No es una cacería de brujas, no es una venganza. Fuimos la única bancada que votó en contra de la licencia del Bronco, queremos justicia porque no cumplió su palabra. Ahora por su culpa ya embarró a 595 funcionarios y todos tienen que pagar” señaló.

Entre los funcionarios destacan algunos de alto nivel, como Manuel González Flores, Américo Garza Salinas, ahora candidato a Juárez; José Eduardo Santos González, excandidato a diputado federal al distrito 1 (hoy anulada su candidatura); Mónica Griselda Garza Candia, candidata al Senado; Carlos Alberto Guevara Garza, candidato a García; Raúl González Rodríguez, candidato a senador; Javier Yañez Pro, abogado del Bronco ante el INE, Raúl Guajardo Cantú, candidato; Yamilett Orduña Saide, candidata al distrito federal 7; David Eugenio Elizondo Cantú, María Teresa Martínez Galván.

“Estamos listos para continuar con el proceso penal, porque estos son delitos cometidos por servidores públicos, y no nos queda duda de que no van a poder demostrar lo contrario, y podría asegurar que en junio el INE estaría determinando que estos candidatos independientes, incluido Jaime Rodríguez, perderían el registro” comentó Samuel García.

A todos se les requiere de manera inmediata la siguiente información: Nombre del superior jerárquico; sus funciones y actividades en el área que se encuentra; si fue voluntario su registro o coaccionado; tipo de actividades llevó a cabo para recopilar apoyos para Jaime Rodríguez; si utilizó teléfono propio o le fue proporcionado; si le otorgaron facilidades o condicionaron; si recibió algún beneficio, estimulo o contraprestación económica; si tiene conocimiento de otros servidores públicos y si actualmente es parte de algún proceso disciplinario o responsable con motivo de su ejercicio en el encargo.

“Con base en LEGIPE (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para los servidores públicos, 595 que juntaron 19 mil firmas, hay prisión de hasta 9 años vía penal y vía administrativa multas, destituciones, inhabilitaciones, entre otras y para los que son candidatos independientes, el artículo 456, incido d, fracción tercera establece que los candidatos que ya tuvieran registro se les cancela el derecho a ser candidatos”, agregó.

El 29 de enero, Samuel García y Mariela Saldívar, con la firma de más de 70 ciudadanos, acudieron al INE a denunciar por la vía electoral y por la vía penal a Jaime Rodríguez Calderón y más de 700 funcionarios de la Administración pública por varios delitos, mismos que fueron turnadas a la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE y a la FEPADE como autoridad en materia penal. Dicha denuncia fue admitida el 16 de febrero y desde el primer momento el INE realizó una investigación especial por la relevancia del caso.

El proceso de denuncia llegó a la última etapa, en donde los acusados tienen derecho de audiencia para esclarecer los actos que se les imputan y de resultar responsables podrían pagar hasta con 9 años de prisión. La fecha de la audiencia es el 23 de mayo a las 11:00 de la mañana.

Por su parte Mariela Saldívar dijo que es lamentable que cerca de 600 funcionarios públicos por alguna instrucción, temor de perder su trabajo o ignorancia, estén siendo investigados por posibles delitos electorales.

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